miércoles, 23 de enero de 2013

Sobre el futuro incierto de los arquitectos



Article per la MemòriaSocioeconòmica de Barcelona 2011 - Secció: Perspectives Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB)


Sobre el futuro incierto de los arquitectos



El país de los arquitectos

En 2007, antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, el sector de la construcción se había convertido junto al turismo, en el principal motor de la economía. En 2005 se batieron todos los records de viviendas libres y protegidas visadas por los Colegios Oficiales de Arquitectos: 800.000, algo excepcional. En 2006, se estimaba que el volumen económico que representaba el sector de la construcción en España era de unos 321.664 millones de euros, el mayor de Europa. Durante este periodo de bonanza, las empresas de arquitectura acumularon ingentes beneficios y el desempleo en el sector bajó de manera considerable. Las oportunidades laborales para los arquitectos fueron durante mucho tiempo numerosas y la coyuntura económica favorable llevó a muchos jóvenes recién titulados a emprender su actividad en el campo de la arquitectura de forma autónoma. Al principio con pequeños encargos, numerosos despachos abrieron sus puertas y comenzaron a operar en todo el país, con la certeza de que las condiciones no cambiarían durante un tiempo y esto les permitiría consolidar sus empresas de forma rápida. Además de autónomos, el mercado requería emplear un gran número de arquitectos como técnicos especializados, y en esos años, los despachos de arquitectura tuvieron un crecimiento exponencial de sus plantillas.
Una de las consecuencias del boom inmobiliario fue el efecto llamada sobre los jóvenes. Para estos, la arquitectura era percibida como una profesión sólida y de prestigio que les aseguraría un futuro. El resultado fue la ampliación gradual de la oferta formativa universitaria hasta llegar a las actuales 31 escuelas de arquitectura repartidas en todo el país y frecuentadas por más de 30.000 alumnos.
Según los datos de un estudio publicado en 2010 por el Consejo de Arquitectos Europeos (ACE), en España habría 50.000 arquitectos, lo que lo sitúa como tercer país europeo por número de arquitectos, después de Alemania e Italia. Esto equivale a una densidad de 1,1 arquitectos cada 1000 habitantes. Si a mediados de los 90, Llàtzer Moix llamó a Barcelona “la ciudad de los arquitectos”, sin lugar a duda el boom inmobiliario convirtió a España en “el país de los arquitectos”.

Las cifras de la economía española durante el boom inmobiliario pueden ofrecer solo una idea de la centralidad alcanzada por la profesión en este periodo. La arquitectura se convirtió además en vehículo de difusión y promoción de ciudades en el mundo, la “marca Barcelona” es un ejemplo. Los estudios de arquitectura locales, se alzaron con innumerables premios internacionales y sus obras fueron constantemente publicadas en revistas especializadas. Este espejismo llevó además a que numerosos jóvenes arquitectos extranjeros se trasladasen a ciudades como Barcelona o Madrid en búsqueda de oportunidades laborales. Sin embargo, la realidad de estas empresas de arquitectura era muy diferente a la imagen de prestigio que mostraban puertas afuera.

En 2008, coincidiendo con el principio de la crisis bursátil internacional, un email anónimo comenzó a circular entre los buzones de correo de muchos arquitectos. Se trataba de una carta que denunciaba la gran paradoja que vivía la el sector de la arquitectura: mientras la construcción había sido un sector que había obtenido enormes ganancias, los empleados de los despachos de arquitectura trabajaban en condiciones de extrema precariedad, sin contrato, sin un convenio de referencia o bajo la figura de falsos autónomos, viéndose obligados a darse de alta del IAE y a asumir el pago de la seguridad social. El fraude a la seguridad social, las colaboraciones irregulares y la utilización de mano de obra gratuita y semi-gratuita de “becarios y estudiantes en prácticas” se habían convertido en moneda corriente entre las empresas del sector. La imagen prestigiosa que ofrecía de si misma la profesión, nada tenía que ver con su realidad empresarial, marcada por la competencia desleal entre empresas, la falta de respecto de los derechos laborales más básicos y la difusión de prácticas poco profesionales. El modelo de la empresa de arquitectura era el mismo que utilizaban los gremios medievales.
La carta tuvo una gran difusión y en marzo del mismo año, varios centenares de arquitectos se concentraron delante de las puertas de la sede central del colegio de arquitectos de Cataluña para manifestar su descontento. La iniciativa espontánea continuó con la convocatoria de numerosas asambleas y acciones reivindicativas, un primer paso decisivo para la fundación del primer sindicato de arquitectos de España (SArq) en el año 2010.

Arquitectos en fuga

Una de las primeras dificultades que se le planteó al sindicato al intentar analizar el estado de la profesión, fue la total ausencia de datos laborales sobre el sector de la arquitectura. Las únicas estimaciones de las que se tenía constancia eran relativas al mundo de la construcción y las cifras elaboradas por los colegios relativas al número de visados. A falta de auditorias, el SArq decidió elaborar de manera autónoma una primera encuesta laboral cuyos resultados se expusieron públicamente en noviembre de 2010, durante el acto de presentación del sindicato en Barcelona. Los datos, confirmaban la peor de las presunciones: la arquitectura era un sector altamente precarizado y sus profesionales se encontraban masivamente en paro.
Entre las conclusiones más destacadas de la encuesta, realizada entre 1800 profesionales de la arquitectura, incluyendo por primera vez a 675 arquitectos no colegiados, fue que en España el 32,4% de los profesionales se encontraban en 2010 en situación de desempleo, de los cuales un 32,9% declaraba encontrarse en esta situación desde hacía más de un año. Otro dato preocupante fue que solo el 3,1% cobraba un subsidio, consecuencia directa esta, de la situación irregular en la que muchos trabajaban. De hecho, el 25,8% declaraba trabajar bajo la figura del “falso autónomo”, una cifra menor respecto al 2008 cuando este tipo de colaboración rondaba el 60%. Esta figura laboral, un fraude que sigue siendo hoy muy extendido entre las empresas de arquitectura, consiste básicamente en encubrir una relación laboral simulando una de carácter mercantil. En este caso, el empleador no se hace cargo de los gastos de la Seguridad Social, no garantiza el salario establecido por el convenio colectivo ni se ve obligado a respetar los demás derechos de los trabajadores: bajas por enfermedad, pago de las vacaciones, horas extras, permisos de maternidad y paternidad, etc. El despido masivo de estos trabajadores acaecidos durante el estallido de la burbuja y completamente gratuito para las empresas, terminó demostrando además la extrema fragilidad y precariedad de este tipo de relación laboral.
Era evidente que esta situación de extrema precarización de la profesión chocaba con los datos económicos del sector de la arquitectura que habían sido hasta aquel momento extremadamente positivos. Una situación paradójica en la cual por un lado el arquitecto destacaba por su posición social de prestigio, mientras que en realidad tan solo el 41% de los trabajadores por cuenta ajena tenía un contrato laboral legal, y el 59% afirmaba haber sido por lo menos una vez “falso autónomo”.

La crisis estaba siendo particularmente dura con el colectivo. El 30,7% de los encuestados declaraba tener unos ingresos comprendidos entre los 6.600 y los 15.000 euros, y el 73% de los que se encontraban en activo no llegaban al mínimo obligatorio de 22.826 euros brutos anuales establecido en el Convenio nacional de ingenierías y oficinas técnicas, único convenio existente en aquel momento que podía equipararse a las funciones que desarrollaban los arquitectos en las empresas de arquitectura.
Frente a esta situación de precariedad y falta de trabajo, el 73% de los encuestados declaraba estar dispuesto a abandonar el país, eligiendo como principales destinos países europeos como Alemania (25%), Inglaterra (22%) y Francia (11%). Si bien podría suponerse que la primera causa por abandonar el país era la crisis, ésta era señalada como motivo principal solo por el 24%, mientras que casi la mitad (48%), afirmaba que su objetivo era la mejora de sus condiciones laborales.

Un año más tarde el SArq hizo públicos los resultados de una segunda encuesta. En ésta, el 63% de los arquitectos declaraba haber visto reducidos sus ingresos en el último año y el paro continuaba siendo generalizado en el sector. Las relaciones laborales irregulares habían significado, para muchos, el despido sin derecho a indemnización ni subsidio por desempleo (85%). Un 7,5% de los encuestados declaraba haber abandonado ya el país y estar trabajando fuera. Además, la remuneración bruta de los que declaraban trabajar en el extranjero era de 24.564,71 euros, mucho mayor de los 15.842,89 euros declarados por los profesionales residentes en España.

La crisis como oportunidad

A la luz de la situación actual, se pueden hacer algunas consideraciones sobre la situación en la que se encuentra hoy la profesión de la arquitectura. Es un hecho que la figura del arquitecto, una vez terminados los años de la burbuja, ha salido comprometida desde diferentes puntos de vistas: social, económico y cultural. Tantos son los aspectos que haría falta ajustar para recomponer esta imagen, que el espacio de un artículo se antoja insuficiente y por ello, me limitaré a introducir algunas cuestiones que me parecen esenciales. 

Mientras la conjuntura fue positiva, la profesión se demostró en muchos casos, excesivamente autocomplaciente y alejada de la realidad. Cuanta más atención recibía por parte de los medios de comunicación, simplificando sus competencias y responsabilidades, mayor era la imagen falseada y frívola que transmitía acerca de su papel en la sociedad. Una de las prioridades de los arquitectos hoy, tiene que ser el reivindicar su función social. Recuperar el papel central que desempeñaron en el pasado y su empeño en la investigación de las soluciones a los problemas reales de las personas. Nuestra sociedad necesita hoy más que nunca encontrar soluciones para la emergencia habitacional y la mejora de la calidad de vida de nuestras ciudades y nuestro territorio.

Por otro lado, tenemos que asumir que la emigración de nuestros profesionales o “fuga de talentos”, es un hecho y que es una pérdida de riqueza inaceptable en momentos de crisis. Muchos jóvenes arquitectos están abandonando el país a causa de las escasas perspectivas laborales. Si bien se podría considerar algo temporal, para el conjunto de la economía se trata de una importantísima perdida de capital humano. Como se defiende desde distintos ámbitos, la salida de la crisis no puede más que pasar por el desarrollo de un nuevo modelo económico que rentabilice las destrezas y formación de nuestros jóvenes. Este objetivo solo se puede obtener impulsando un cambio estructural de la economía, que sea capaz de aprovechar con inteligencia el potencial que supone contar con una generación de jóvenes profesionales altamente cualificados.
Según los datos recogidos por el sindicato, los arquitectos parten al extranjero en búsqueda de condiciones de trabajo dignas. Las denigrantes ofertas laborales que muy a menudo se ven en nuestro sector, son parte de las causas que producen esta emigración. Los despachos de arquitectura deberán profesionalizarse, abandonar un modelo empresarial medieval y respetar los derechos de sus empleados como lo hacen las empresas de otros sectores. En este sentido, hay que hacer notar que la precarización extrema en que se encuentran muchos de los trabajadores del sector, constituye hoy un factor gravísimo de desequilibrio para la existencia de una libre competencia entre despachos. Mientras algunas empresas cumplen con la legislación vigente, ofreciendo empleos de calidad a sus empleados y pagando todos los impuestos, otras compiten en el mismo mercado de forma totalmente desleal, contando con gastos laborales increíblemente ridículos que repercuten negativamente en los precios que se pagan por los servicios de arquitectura. Poner fin a esta situación requeriría en primer lugar de un control explícito por parte de la administración y sobre todo, de una toma de conciencia generalizada de todas las partes comprometidas para que las relaciones laborales entre arquitectos se normalicen y se ajusten al marco jurídico.

Por último, sería necesario democratizar el acceso a la profesión. Hoy, emprender la actividad de arquitecto por cuenta propia comporta unos costes inasumibles para la mayoría de los profesionales. No solo hay que hacer frente a los gastos corrientes de cualquier actividad económica, sino también al pago de onerosas cuotas colegiales y exorbitantes seguros decenales. Sería lógico y deseable, que parte de los gastos de un trabajador autónomo fueran proporcionales al volumen de sus negocios de tal manera que las pequeñas empresas tuvieran alguna posibilidad de desarrollo. Por otro lado, la administración debería reformar los términos en que se realizan las convocatorias de concursos de proyectos de obras públicas, en pos de cumplir con la función redistributiva que como administración pública le corresponde, buscando mecanismos para que estos concursos sean realmente abiertos, transparentes y equitativos y propiciando un relevo generacional que nunca acaba de darse.
En el escenario actual, la profunda crisis que atravesamos podría convertirse en un factor positivo solo si impulsara un cambio verdadero. Una transformación, como decía antes, tendría que tener en cuenta la necesaria recuperación de la función social del arquitecto, impulsar la profesionalización de las empresas y garantizar la democratización del acceso al ejercicio de la profesión. En este sentido la crisis podría convertirse en una oportunidad de la que no solo se beneficiaría el colectivo de arquitectos. Ciudades como Barcelona, donde los arquitectos han tenido históricamente un papel destacado en la construcción de la ciudad democrática y su proyección internacional, son la demostración de que la arquitectura bien entendida, es una riqueza para el conjunto de la sociedad.